Inclusión con Derechos Plenos (*)
EL SECTOR PÚBLICO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Por: Carlos Jiménez G., Secretario General Colegiado de la CTE – Perú
Hoy en día que se viene hablando con mayor fuerza y a todo nivel de “inclusión”, considero que hay temas que merecen su inmediata atención, uno de ellos es el relacionado a la Negociación Colectiva en la Administración Publica, tema que se habla a media voz pero poco se dice, el argumento entre otros es que no todos los trabajadores en el país tenemos este derecho.
Estamos en el marco de un nuevo año y de un nuevo Gobierno, pero además, en los plazos máximos para que las Organizaciones Sindicales del Sector Publico presenten sus Pliegos de Reclamos (31 de Marzo); pero como siempre encontramos en el Estado Empleador y sus Autoridades de gobierno, interpretaciones y mecanismos que pretenden “excluirnos” de este fundamental derecho, para ello se escudan en la precaria normatividad que existe al respecto o en interpretaciones de carácter económico, como son las normas de austeridad que nos pone las pautas, de lo se debe negociar, poniendo en riesgo lo establecido por mandato Constitucional y por los Convenios Internacionales de Trabajo-OIT-.
El Estado que debería promover derechos mínimos fundamentales como el de Libertad Sindical (Sindicalización, Negociación Colectiva y Huelga) evade dicho “Rol”, poniendo en cuestión el propio Estado de Derecho. Considero que el actual Gobierno debe dar atención a esta demanda, aun más, cuando en su Plan de Gobierno plantea dentro de sus estrategias promover la inclusión y acabar con la exclusión y la marginación, señalo esto porque el Trabajador Publico viene siendo tratado como un trabajador “limitado” de derechos plenos, o como un trabajador “marginal o de segundo orden” ya siempre se le argumenta, que este derecho no les corresponde, y se limitan a dar interpretaciones que minimizan el mismo, por ejemplo se argumenta no lo que señala la Constitución Política o los Convenios Internacionales de Trabajo, sino lo que dicen las “normas de austeridad” que vía la Ley de Presupuesto año a año repiten, este argumento que para periodos de “crisis económica” fue valido, hoy en día no tendría sentido, ya que nuestra realidad económica es otra. Otra de las argumentaciones que se expresan y salen a relucir por el propio Órgano Rector de Trabajo -MINTRA- es que para algunos casos nos rige las normas del Régimen Laboral Privado y para otras no, o simplemente se argumenta que no esta dentro de sus competencias. Lo real es que los trabajadores estatales aun no tienen el espacio o el Ente donde abordar su problemática, ni el MINTRA ni el burocrático SERVIR, asumen dicho Rol.
La Negociación Colectiva se le quiere minimizar a “algunas” condiciones de trabajo, excluyendo la parte de la demanda salarial que dicen no estar sujeta a negociación, en desmedro de lo señalado por el propio Tribunal Constitucional que precisa que no estamos excluido de hacerlo (Ver Fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley 28175).
Pero esto no es todo el problema ya que en los casos de Sectores donde hay negociación, se suma el relacionado a la implementación del DS. 003-82 PCM que establece entre otros el procedimiento a seguir en una Negociación Colectiva, en este dispositivo aparecen dependencias publicas que hoy en día han desaparecido y que para el proceso tendría un vacío, mas un cuando nadie quiere asumir dicha función, lo que trae como consecuencia que en algunos casos la Negociación se inicie y no se culmine, ya que si no hay acuerdo y no hay Ente que dirime, lo único que queda es ir al Arbitraje.
El Actual Gobierno como Ente empleador, debería de dar atención a esta problemática, caso contrario se constituiría en un “despromotor” de la Libertad Sindical y un órgano “excluyente” de los derechos fundamentales de los Trabajadores del Sector Publico.
Los Trabajadores Estatales tienen demandas prioritarias, centradas fundamentalmente en la parte del Sistema Salarial y de Pensiones, recodemos que a la fecha su Unida Remunerativa Publica -URP- sigue “congelada” lo que trae como consecuencia que las Remuneraciones Básicas de la gran mayoría esté por debajo del Ingreso Mínimo Vital, a excepción de los Funcionarios y Autoridades del Estado que tienen la denominada Unidad Remunerativa del Sector Publico -URSP- cuya Unidad de Ingreso se actualiza anualmente y esta sobre 2,600 nuevos soles, esto es una muestra de lo “injusto” de la política salarial del gobierno y de la “exclusión” de una gran sector de trabajadores.
Otra de las demandas prioritarias, es lo concerniente a la Jornada Laboral, la misma que en nuestro país esta establecida en un periodo máximo de Trabajo de 8 horas diarias, pero en el Sector Publico esta jornada es mayor, ya que sutilmente se les obliga a quedarse bajo el argumento de la “identificación institucional o el apostolado al trabajo”, lo que hace que se labore mas de 10 horas, a cambio de una ridícula asignación por “movilidad o refrigerio”, ya que las horas extraordinarias están prohibidas.
Otra demanda es la relacionada a la Estabilidad Laboral (Principio de la Carrera Publica), ya que los trabajadores so pretexto de la “meritocracia” y la “especialización”, están sujetos a la “incertidumbre” ya que mediante la capacitación (que no se da como derecho) y la evaluación (que no toma en cuenta la experiencia, ni se da para promover, ascender o capacitar al trabajador) se pueden cesar al trabajador. La continuidad en el puesto de trabajo no esta en manos de la normatividad vigente si en manos de sus superiores.
Otra es la relacionada al Régimen Laboral, que permita ordenar el Sector Público y evitar el desorden, los privilegios y las diferenciaciones que se dan por el simple hecho de pertenecer a un régimen distinto al que rige la Carrera Publica, dejando de lado entre otros el principio de igual función igual remuneración.
Finalmente la Lucha contra la Corrupción y la Inmoralidad, esta es una permanente demanda en la que los trabajadores tienen mucho que ver, pero que no se le pone el énfasis que se le debe de dar, en algunos casos por temor a la represalia (los denunciantes terminan denunciados) o porque los mecanismos de control o transparencia no contribuyen a la prevención y menos a la sanción.
Desde la mirada del productor y del asalariado y en el marco de una real Reforma del Estado y de recuperación de derechos fundamentales, no queda más que la de iniciar una Campaña en Defensa de la Negociación Colectiva, y a nivel de bases, promover la centralización de las peticiones y demandas (Pliego Único, nombrados y contratados) y el fortalecimiento de nuestras organizaciones partiendo del reconocimiento del principio de la Unidad (Centralización de nuestras luchas, Plataforma única y unidad de acción).
En la jornada de hoy todo nos une, nada nos separa. JCM.
(*)Este artículo tiene como base la realidad de las organizaciones sindicales de trabajadores del régimen laboral 276.
Lima, 15 de Enero 2012.
