Desorden. La planilla del Sector Público refleja diferencias notables entre quienes ejercen la misma función en sectores distintos. Trabajadores piden comisión técnica de alto nivel para que ponga orden y transparencia en las remuneraciones. Beneficios como el pago de Cafae se distorsionan y favorecen a servidores privilegiados, mientras la mayoría recibe poco dinero por su trabajo.
Marco Sánchez
Desorden, inequidad y ausencia de meritocracia. Tres palabras suficientes para definir cómo se maneja la política de sueldos en el Estado, situación que se ha convertido en problema estructural que se agrava quinquenio a quinquenio.
Un maestro de aula y un profesional del Congreso solo tienen en común que ambos trabajan para el Estado, tienen estabilidad laboral y beneficios.
La diferencia se cuenta a fin de mes, cuando el maestro recibe en el sobre poco más de mil soles y el servidor (cualquiera sea su título profesional) cinco veces más en promedio. El maestro recibirá como liquidación S/ 3,600 por treinta años de labor, mientras el otro casi ochenta veces más.
Son las diferencias y paradojas que tiene el sistema de remuneraciones en el sector público, donde existen hasta treinta formas de contratación.
Los 796 mil trabajadores del Estado -según cifras del ministerio de Economía- se dispersan en los sistemas de los Decretos Legislativos 276 y 728 en su mayoría.
Los demás se rigen por una veintena de leyes que abarcan a los docentes, profesionales de la salud, magistrados, diplomáticos y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, todo un sancochado normativo.
A ellos se suman los 113 mil servidores de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y los pensionistas. La carga laboral del Estado supera el millón y medio de personas.
"Debido a este caos, los trabajadores estatales requerimos que una comisión técnica de alto nivel ponga orden y transparencia para un nuevo sistema remunerativo basado en la meritocracia", sostiene José Luis Sandoval, subsecretario de la Coordinadora de Servidores Públicos.
DIFERENCIAS
La gran mayoría de trabajadores del Estado tienen congeladas sus remuneraciones desde hace 20 años.
Mientras un funcionario F-2 de una universidad pública en el régimen laboral del DL 276 percibe S/1,554, un mismo profesional del Ministerio de Agricultura percibe S/ 10,450, pero bajo el régimen del Decreto Legislativo 728.
Un auxiliar civil de las Fuerzas Armadas gana S/ 980 y un empleado que realiza la misma función, S/ 3 mil en la Presidencia del Consejo de Ministros y S/ 1,800 en el ministerio de Trabajo.
La diferencia radica en los incentivos para cada régimen. Por ejemplo, está el Cafae (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo), que administra los descuentos por faltas e inasistencias laborales, en beneficio de todos los trabajadores.
Por Cafae se distribuye mensualmente a cada trabajador una cantidad no remunerativa ni pensionable, sino como incentivo por productividad.
Sin embargo, mientras un profesional del Ministerio de Economía suma a su sueldo S/ 5 mil por este bono, un profesional civil de las FF.AA o de las universidades nacionales recibe apenas S/ 100.
"El Cafae se regula por decreto de urgencia y se ha convertido en un sistema perverso y fuente de inequidad. El gobierno de Alberto Fujimori lo creó como incentivo para congelar sueldos y aumentar las desigualdades", señala el dirigente Sandoval.
El régimen del DL 728 es especial y según los sindicalistas se ha convertido en fuente de privilegios.
Comprende a unos 50 mil trabajadores (solo 6% de la masa estatal) con beneficios del régimen privado que, por ejemplo, permitió al ex ministro aprista Fernando Barrios tramitar su indemnización por S/ 89 mil al dejar la presidencia de Essalud, a pesar de ser funcionario de confianza.
PEORES PAGADOS
En el Ministerio Público la inequidad salarial es igual de evidente. Mientras un fiscal titular adjunto gana S/ 6 mil (sueldo básico más bono fiscal, gasolina y alimentación), un asistente en función fiscal recibe S/ 1,992 de sueldo bruto. Ambos son abogados y el segundo inclusive con maestría.
"Los trabajadores del MP somos los peores pagados del sistema judicial. Un profesional en la misma función en Contraloría o el Tribunal Constitucional gana cuatro veces más", señala la abogada Olga Palacios, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público.
Pero si se habla de injusticias, un maestro siempre será el referente obligado.
Suena increíble, pero el maestro tiene dos regímenes laborales, la Ley 24029 (240 mil docentes) y la Ley 29062 (50 mil). Su sueldo básico es de S/ 50 y a ello suman una asignación por labor efectiva en aula y otros incentivos hasta sumar S/ 1,100 en promedio.
Debido a los préstamos magisteriales y descuentos, el 70% de ellos recibe a fin de mes un promedio de S/ 600, según cálculos del Sutep.
El gremio considera que la meritocracia tampoco está bien regulada, pues no evalúa la función pedagógica en aula y solo se limita a una prueba estandarizada.
Por todo ello, el "cachueleo" es el régimen que predomina en la mayoría de empleados estatales... y también el cobro de coimas dentro de un sistema paralelo de corrupción en el Estado en todos los niveles.
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El 70% de estatales está enfermo por malas condiciones laborales
La queja de los servidores públicos va más allá de los sueldos bajos, en su mayoría. Un problema que subsiste escondido en la administración del Estado son las enfermedades ocupacionales, que aumentan en forma alarmante. "Cuando los gobiernos hablan de mejorar el trabajo en el Estado, solo se refieren a sueldos y no mencionan las malas condiciones laborales. En general se ven pocas formas de trabajo decente", señala el médico Carlos Rospigliosi, del Ministerio Público.
Rospigliosi señala que el 70% de trabajadores en el Estado está enfermo por las precarias condiciones laborales, el estrés y en muchos casos, el riesgo psicosocial por condiciones atípicas. "Frente a esta situación, el mayor violador de los derechos laborales es el Estado", sostiene. Agrega que a pesar de los miles de casos, ninguna enfermedad laboral ha sido judicializada.
En agosto del 2011, el gobierno promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en la práctica no se cumple. La norma promueve el bienestar laboral, chequeos médicos y la integridad física y psicológica. Existen servidores con 20 años que nunca se hicieron un chequeo médico, revela Rospigliosi.
En cifras
1 millón 570 mil empleados públicos tiene el Perú, según la comisión de Trabajo del Congreso.
50% de ellos (773 mil) son pensionistas.
170 mil trabajadores fantasmas en el Estado encontró el censo de empleo público del año 2004, registrados como activos.
Claves
Según los trabajadores, el propio Estado empuja a muchos a la corrupción, pues el 90% de servidores vive endeudado debido a los bajos sueldos.
El régimen del DL 276, que regula la carrera pública, rige desde 1982; el del DL 728, desde los 90 (Pro Inversión, Sunass, Perú-Petro, ONP, otros). Según Servir el 46% del aparato estatal está bajo el primer régimen, 40% en el segundo y 14% por CAS. Un grupo pequeño gana dietas en directorios de empresas estatales.
ENFOQUE
¿Todos son necesarios en el estado?
Mayen Ugarte
Abogada
El orden en una reforma salarial debe priorizar para qué y cómo se selecciona el personal en el Estado y responder la pregunta: ¿Todos son necesarios y deben permanecer en el Estado? Es una reforma compleja. El problema es estructural y nada se ha hecho en veinte años, solo se dieron parches. En los 90', por la crisis, el personal del Estado era visto solo como un recurso para ahorrar en salarios.
La gente no quería entrar al Estado y por ello mucha gente de calidad se fue al sector privado. Pasaron los años y el problema se convirtió en '¿Cómo atraemos gente buena al Estado?', mientras había una lógica de caja establecida, con topes salariales y muchos regímenes paralelos a formas de contratación.
Por ejemplo, si los trabajadores de la Ley 20530 se aumentaban un sol, se hacía lo mismo a todos los rangos y hasta a los pasivos (jubilados). Por otro lado, está el sistema CAS, que ya tiene 15 años (antes era locación de servicios). Con todo esto se cerró los ojos a la realidad, en vez de hacer una reforma real. Por otro lado, el Estado está en permanente competencia con el sector privado, no paga de forma razonable al mercado y por ello es difícil que conserve a buenos profesionales.
La demora en la eliminación del régimen de Contrato por Administración de Servicios (CAS) viene perjudicando a miles de trabajadores del Estado que aún se encuentran laborando bajo este sistema. Se calcula que entre los meses de diciembre y enero se ha despedido de manera arbitraria a 20 mil trabajadores de distintas instituciones, según denunció el congresista Yonhy Lescano. 